La anunciada tragedia del arco minero

By MIGUEL HENRIQUE OTERO
26 DE DICIEMBRE DE 2016 12:31 AM

El 5 de agosto se puso en movimiento una nueva maquinaria de muerte y destrucción del futuro de Venezuela. En un acto celebrado en la sede del Banco Central de Venezuela, Nicolás Maduro firmó unos “contratos, acuerdos y memorandos de entendimiento para el Plan de Inversiones del Arco Minero del Orinoco”. En el encuentro firmaron representantes de empresas venezolanas, empresas trasnacionales y, no podía faltar, uno con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, perteneciente a la FANB. Huelga decirlo: Padrino López estuvo presente en el acto.

Antes de continuar, debo pedirle a los lectores de este artículo que pongan la mejor atención posible a los datos que voy a consignar en lo que sigue: el Arco Minero compromete 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, es decir, más de 46% de toda su superficie. Esto equivale a casi 12% del territorio nacional. Quiere decir, ni más ni menos, que el 5 de agosto fueron entregados a empresas extranjeras, venezolanas y a una empresa militar autorizaciones para explotar las riquezas de casi 12% del territorio venezolano.

Leer mas.... http://www.el-nacional.com/noticias/editorial/anunciada-tragedia-del-arco-minero_72575?utm_source=El+Nacional+Plus&utm_campaign=7693933191-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_87a064286a-7693933191-194676841

La anunciada tragedia del arco minero:

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Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero – Asociación Civil Sinergia

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Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero
Posted on diciembre 6, 2016
(Prensa Provea) El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre los derechos humanos en el contexto Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano reconoció que ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución.

La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la última del grupo de 4 sesiones sobre Venezuela realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Decápolis de Ciudad de Panamá. La misma fue solicitada por las ONG Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz. Los temas que trataron los peticionarios fueron: Violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental; violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe; el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la demarcación de territorios indígenas; el Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y los derechos laborales; relación decreto estado de excepción y emergencia económica y Arco Minero del Orinoco (AMO); militarización de los territorios indígenas y recomendaciones.
Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del GTAI-ULA, expresó: “En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el alto gobierno algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados”. Al describir el proceso de intervención estatal de las organizaciones indígenas, Aguilar afirmó: “Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios.
Por su parte Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco (AMO). Además detalló como el decreto de estado de excepción y emergencia económica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional. Al aludir la militarización de los territorios indígenas, Uzcátegui sostuvo: “El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. Finalmente el activista relató los casos de criminalización estatal a quienes han cuestionado el proyecto AMO.
En su intervención, los representantes del Estado venezolano, liderizados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, describieron las motivaciones económicas y sociales que los impulsaba a desarrollar este proyecto de extractivismo. Asimismo afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizaría la difusión de los estudios d impacto ambiental.
En su intervención final Provea recordó que uno de los componentes de la Consulta Previa era ser informada. Por ello, al no tener los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constitución, es imposible que el Estado promueva ninguna consulta con las comunidades.

Los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de defensores de derechos humanos que han advertido las contradicciones del AMO. Afirmaron que continuarían monitoreando el proyecto, por ser uno de los temas de interes para la Comisión.
Para observar el video completo de la audiencia CIDH sobre Arco Minero: https://www.youtube.com/watch?v=_9dt2rjLsCM&t=11s
Adjuntamos el informe sobre el Arco Minero entregado por Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y Laboratorio de Paz a la CIDH.

Fuente:
Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero – Asociación Civil Sinergia: "Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero"

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Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto
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