La inundación de la autopista Valle – Coche y los alrededores de Los
Chaguaramos, a comienzos del mes de septiembre y con menos de un año de
haberse construido su ampliación, hizo evidente como se produce un
cáncer urbano, esto es, obras que generan el deterioro permanente de la
ciudad, que no tienen soluciones definitivas y que por lo tanto se
convierten en erogaciones permanentes del patrimonio público.
La ampliación de la autopista Valle – Coche es la expresión de los
peligrosos niveles de descoordinación e indolencia en una ciudad en la
que se construyen obras de infraestructura de primer orden como una
autopista, sin que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas haya exigido y
evaluado un estudio de impacto ambiental para otorgar su acreditación
técnica, sin tomar en cuenta las recomendaciones de expertos, quienes
opinaron desde las universidades y gremios profesionales, entre ellos el
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Sociedad de Ingeniería
Hidráulica del CIV.
Muchas advertencias hicieron gremios y profesionales en transporte y
vialidad cuando se ejecutaban los trabajos de ampliación en la autopista
Valle-Coche. Las mismas fueron ignoradas por el gobierno y por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora las consecuencias son
más que obvias. El caos reina durante las lluvias debido a la inundación
de la vía, esto ocurre porque el cauce del Río Valle fue invadido por
la ampliación, lo que le resta capacidad al canal hidráulico que había
funcionado sin problema desde su construcción en la llamada “IV
República”. Para noviembre de 2015 el CIV, pidió la paralización
inmediata de la ampliación de la autopista. Sus argumentos también
fueron ignorados (Fuente: La patilla.com/08/09/2016). A
los responsables se les debería abrir un expediente administrativo tal
como lo establece nuestras normas ambientales vigentes y ser sancionados
según su grado de responsabilidad.
El Dr. Jesús Delgado, coordinador del Plan Metropolitano de
Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático
comenta que esta es una obra de infraestructura en la que no se consultó
con la comunidad afectada y, tal vez lo más irónico, fue hecha con la
indolencia de destruir una costosa ciclovía construida apenas meses
atrás por la Alcaldía del Municipio Libertador, de la misma tendencia
política y generando un potencial daño a las estaciones del Metro
construidas también durante el presente Gobierno, importante es también
mencionar los cientos de árboles que fueron talados y el deterioro que
sufrió el paisajismo de toda la zona.
La precipitación ocurrida el 7 de septiembre, según el profesor
Valdemar Andrade de la Dirección de Hidrometeorología de la UCV, generó
en la cercana UCV una lámina precipitada de 20,4 mm (valor considerado
bajo) y en la Castellana de 35,6 mm (se considera fuerte por encima de
los 30 mm). La mayor intensidad de esta tormenta fue de 27,2 mm/h en un
lapso de media hora entre las 4:30 pm y las 5:00 pm. Cabe preguntarse
¿qué pasaría de repetirse la mayor lluvia histórica anual observada en
la UCV que fue 108,8 mm el 16 de julio de 1965?
Por su parte, el Abogado Lucas Riestra, especialista en Derecho
Ambiental, opina que los responsables de esta obra, incluyendo al
Estado, no mostraron haber cumplido con la exigencia Constitucional de
realizar previamente un Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural,
por ser una actividad degradante del ambiente. Agregó que este deber que
impone la Constitución, de no ser cumplido por cualquier persona, sea
natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera termina
por violentar el derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado.
Subrayó el especialista, que además de las anteriores violaciones a
la Constitución, tampoco se dio cumplimiento a las exigencias previstas
en la Ley Orgánica del Ambiente (2006) y el decreto 1257, para la
aprobación de este tipo de actividades, lo que incluye una evaluación
ambiental de la actividad propuesta, sus beneficios económicos y la
posibilidad de recuperar el daño ecológico que pueda producir, que son
en sí mismos los objetivos de un Estudio de Impacto Ambiental y Socio
Cultural. De igual manera, quedó en evidencia que con esta obra se
produjo la degradación del medio físico y biológico en el lecho del río,
lo cual presupone una infracción a la Ley de Aguas, que implica una
sanción a ser impuesta por las autoridades administrativas. Riestra
enfatizó en la necesidad de asumir el Desarrollo Sostenible como guía de
la acción del Estado y esto significa el respeto por el marco jurídico
ambiental vigente.
La Mesa Ambiental Nacional hace un llamado a todos los gestores
públicos a profundizar en una gestión integral y compartida, sustentada
en elementos técnicos, bajo las premisas del Desarrollo Sustentable.
mesambientalnacional@gmail.com
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